Familiares de varias víctimas del Jet Set demandan al Estado por daños materiales por casi RD$1,000 MM

SANTO DOMINGO. – La oficina de abogados del licenciado Ángel Lockward anunció este lunes que depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una demanda patrimonial contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional por casi RD$1,000 millones, con el objetivo de resarcir daños materiales a familiares de nueve de las víctimas del caso Jet Set.

El licenciado Lockward indicó durante una rueda de prensa que los abogados Norberto Rondón y Carlos Escalante depositaron la demanda ante el TSA el pasado viernes.

“Establecimos que desde el primer día, independientemente de la querella penal con constitución en actor civil que presentamos a nombre de nuestras víctimas, apoderaríamos una demanda patrimonial en contra del Estado, la Alcaldía y los funcionarios que estimamos responsables”, expresó.

Indicó que “estamos demandando al Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por daños materiales ascendentes a RD$909,949,854.05 y por daños morales por RD$1,073,720,499.91”.

Lockward consideró que el Estado dominicano es responsable de la muerte de César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.

“La demanda patrimonial ha sido presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa por ser la competente para conocer demandas patrimoniales en contra del Estado y de sus funcionarios. Las responsabilidades fueron establecidas por el propio Ministerio Público en su acusación contra los propietarios del Jet Set y conforme a las experticias”, dijo.

Sostuvo que ha quedado claramente establecido que el Estado dominicano incumplió su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos que, como parroquianos, asistían cada lunes al Jet Set, al omitir de manera antijurídica el cumplimiento de su obligación establecida en las leyes 674 de 1944, 6232 de 1963 y el Decreto 596-06.