SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La Comisión Especial del Senado encargada de estudiar el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional concluyó el análisis de la iniciativa que introduce cambios dirigidos a fortalecer la supervisión, la transparencia, el régimen disciplinario y la modernización de la institución.
El presidente de la comisión, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero informó que durante el proceso fueron evaluados y modificados diversos artículos del proyecto con el propósito de reforzar la profesionalización y la eficiencia de la Policía Nacional.
Entre las principales modificaciones figura la reafirmación de que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, de manera directa o a través del Ministerio de Interior y Policía, fortaleciendo el principio de subordinación de la institución al poder civil.
La propuesta también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos que además de investigar tendrá facultades para supervisar operaciones encubiertas, realizar pruebas de integridad al personal, controlar el manejo de información reservada y presentar informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales.
Otro de los cambios fortalece las funciones del Consejo Superior Policial, al que se le asignan nuevas competencias relacionadas con el seguimiento de indicadores de gestión, la aprobación de proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, así como la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales.
La iniciativa también elimina las asignaciones permanentes de agentes policiales a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio únicamente a instituciones públicas. Además, contempla sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que destinen policías a funciones ajenas a la seguridad pública.
En materia de registros preventivos, el proyecto incorpora nuevas garantías para los ciudadanos, entre ellas la prohibición de realizar inspecciones basadas en perfiles raciales o estereotipos, el uso obligatorio de cámaras corporales durante el procedimiento, el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales y la prohibición de desnudos forzados o tocamientos en zonas íntimas.
La reforma también plantea una reestructuración del régimen disciplinario al separar las funciones de investigación y decisión en los procesos internos, además de ampliar el catálogo de faltas muy graves para incluir conductas relacionadas con corrupción, acoso sexual y laboral, manipulación de evidencias digitales, discriminación y otras violaciones al régimen institucional.
Asimismo, el proyecto modifica el régimen transitorio de pensiones con el objetivo de armonizar los derechos adquiridos por los miembros que ingresaron bajo legislaciones anteriores con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía Nacional.
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