MIAMI. – El estado de Florida ejecutó este martes a Dennis Sochor, de 74 años, condenado por el secuestro y asesinato de una joven de 18 años en 1981, en lo que constituye la décima ejecución realizada en ese estado estadounidense en lo que va de 2026.
La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal a las 6:16 de la tarde (22:16 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, conforme a la orden firmada en junio por el gobernador Ron DeSantis.
Sochor fue declarado culpable por el secuestro y asesinato de Patricia Gifford, una joven que desapareció a finales de 1981 en el condado de Broward, en el sur de Florida. De acuerdo con documentos judiciales, el condenado confesó haberla estrangulado después de que ella rechazara mantener relaciones sexuales con él y posteriormente ocultó el cuerpo, que nunca fue encontrado.
Además de la condena a muerte, Sochor cumplía una sentencia de cadena perpetua por una agresión sexual cometida un año antes del crimen.
Con esta ejecución, Florida mantiene uno de los ritmos más altos de aplicación de la pena capital en Estados Unidos. En 2025, el estado registró 19 ejecuciones, la cifra más elevada de su historia reciente y la mayor del país durante ese año, según el Death Penalty Information Center (DPIC).
Antes de la ejecución, organizaciones defensoras de los derechos humanos y contrarias a la pena de muerte solicitaron al gobernador DeSantis que conmutara la sentencia por cadena perpetua. Entre ellas, Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) argumentó que el caso presentaba irregularidades, al sostener que la condena se apoyó en el testimonio del hermano del acusado, quien habría recibido inmunidad a cambio de declarar, además de denunciar la supuesta ocultación de pruebas favorables a la defensa.
Los abogados de Sochor también cuestionaron el método de ejecución al advertir que la inyección letal puede provocar un intenso sufrimiento debido al edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones que, según afirman, genera una sensación de asfixia antes de la muerte.
Pese a esos argumentos, el Tribunal Supremo de Florida rechazó los últimos recursos presentados por la defensa y permitió que la ejecución siguiera adelante. Mientras tanto, organizaciones como Death Penalty Action continúan denunciando que la pena de muerte se aplica de forma desigual y arbitraria, en contraste con la disminución de las ejecuciones observada en la mayoría de los estados del país.
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