La autora es actual Procuradora Fiscal Titular de la provincia Duarte, Abogada Litigante, Investigadora Criminal, Funcionaria de carrera del Ministerio Público, Gestora Pública de formación y de corazón
La seguridad ciudadana es una construcción colectiva. Ninguna institución, por eficiente que sea, puede garantizar por sí sola la paz social. El éxito de un sistema democrático descansa en una simbiosis necesaria entre quienes investigan y persiguen el delito, quienes informan a la sociedad y quienes velan por la protección de los derechos fundamentales.
Durante muchos años hemos entendido esa relación como un equilibrio natural. El Ministerio Público y la Policía Nacional protegen a la ciudadanía mediante la aplicación de la ley; los medios de comunicación garantizan el derecho de la sociedad a estar informada; y las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales recuerdan que toda actuación del Estado debe respetar la dignidad humana y las garantías constitucionales.
Cada uno cumple un rol distinto, pero todos persiguen un mismo fin: fortalecer el Estado de derecho. Esa es la verdadera simbiosis perfecta.
Sin embargo, ese equilibrio puede romperse cuando cada actor comienza a percibir al otro como un adversario y no como un aliado institucional.
La seguridad ciudadana pierde cuando la labor del Ministerio Público o de la Policía Nacional es presentada sin el contexto necesario, generando desconfianza antes que comprensión. También pierde cuando la respuesta institucional a la crítica es el silencio, la confrontación o el distanciamiento con quienes ejercen el periodismo. Del mismo modo, pierde cuando la defensa de los derechos fundamentales es interpretada como un obstáculo para la persecución penal, o cuando la persecución del delito desconoce que el respeto a los derechos humanos es precisamente lo que legitima la actuación del Estado.
No existe contradicción entre seguridad y derechos fundamentales. Por el contrario, una seguridad que vulnera derechos deja de ser verdadera seguridad; y una defensa de los derechos que ignore el sufrimiento de las víctimas tampoco cumple plenamente su propósito.
Los medios de comunicación, por su parte, desempeñan una función indispensable. Informan, fiscalizan y generan el debate público que fortalece la democracia. Pero esa responsabilidad también exige prudencia, rigor y compromiso con la veracidad. Una información incompleta, descontextualizada o precipitada puede afectar investigaciones, comprometer procesos judiciales y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
La crítica responsable fortalece al Estado; la desinformación lo debilita.
Del mismo modo, las instituciones deben comprender que una prensa libre y organizaciones de derechos humanos activas no constituyen una amenaza, sino elementos esenciales de un sistema democrático saludable. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las libertades públicas fortalecen la legitimidad de la justicia y de los organismos de seguridad.
La sociedad no necesita instituciones enfrentadas con la prensa ni con los defensores de derechos fundamentales. Tampoco necesita una prensa enfrentada permanentemente con quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegerla. Lo que necesita es diálogo, respeto mutuo y comprensión de que todos forman parte de un mismo ecosistema democrático.
Cuando esa simbiosis se rompe, pierde la credibilidad institucional, se debilita la confianza pública y se deteriora la percepción de seguridad. Pero cuando se fortalece, gana la democracia, gana la justicia y, sobre todo, gana la ciudadanía.
La seguridad ciudadana no se construye únicamente en las calles ni en los tribunales. También se construye en la calidad del debate público, en el ejercicio responsable del periodismo, en la defensa firme de los derechos fundamentales y en la capacidad de las instituciones para entender que, aunque sus funciones sean distintas, todas están llamadas a servir al mismo destinatario: La sociedad.
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